POLÍTICAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO NORTEAMERICANO PARA LA INMIGRACIÓN

Por Julio César Sarmiento Esquinca/REPORTAJE

Foto: Eliseo Gaxiola A.

La opinión generalizada de los mexicanos, sobre las políticas públicas del Gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, especialmente el de Arizona, le califican como racista, xenofóbica y criminalizadora, de todo lo que aparente imagen racial latina, y no propiamente, lo que señalan en discursos y papel, sobre la buena vecindad; así lo denota la construcción de l Muro de la Vergüenza, la militarización de la frontera, y la hitleriana conducta de Joe Arpaio, Sherif arizonense que se distingue por su política persecutoria.

México, ciertamente es el principal país de procedencia de los inmigrantes ilegales, seguido de Filipinas, la ex Unión Soviética, Vietnam, Haiti, El Salvador, India, La república Dominicana, China y Corea. Y la población migrante, se asienta mayormente en los Estados de California, Texas, Nueva York, Florida, Illinois, y Nueva Jersey, que están también entre los más grandes Estados de la nación.

RAZONES PARA LA INMIGRACION

La búsqueda de un mejor nivel de vida para ellos y para sus familias, y huyendo de las condiciones creadas por la espiral negativa de la inseguridad, la injusticia, el desempleo, la desigualdad económica y social, y la falta de oportunidades educativas y de ascenso social. Nadie arriesga la vida para cruzar la frontera y soporta duras jornadas de trabajo en un ambiente extraño porque sí. El éxodo mexicano es un indicador del fracaso del gobierno de México para proporcionar a sus ciudadanos una vida digna.

LA CONTRADICCION

Los Estados Unidos requieren de mano de obra inmigrante en áreas específicas de la economía. Este elemento regirá necesariamente toda la cuestión. La salida del mercado laboral de 38 millones de personas en edad de retiro en 2008, y entre 72 y 81 millones de personas en 2050, significa que más del 50% de los nuevos puestos de trabajo en Estados Unidos para esa fecha serán cubiertos por inmigrantes.

Sin embargo, para algunos, la solución para el problema migratorio, representa la regularización migratoria de 11.9 millones de inmigrantes indocumentados, su permanencia en los Estados Unidos, y su eventual transcurso a la ciudadanía, si aprenden inglés, cuentan con un trabajo y pagan impuestos (78%); o eventualmente, la creación de un programa de visas.

Tal como lo declaró el senador Durbin, las reformas a las leyes de inmigración, significan una protección fronteriza más efectiva para evitar la inmigración ilegal, salvaguardar los derechos y los salarios de los trabajadores estadounidenses, respetar las leyes y pagar impuestos. Otros más radicales promueven la expulsión de los inmigrantes ilegales (52%), la restricción de los servicios gubernamentales de educación y salud (69%), y la aplicación del programa de E-Verfy en los sitios de empleo para comprobar la estancia legal de los trabajadores.

ENTRE LAS POLITICAS PUBLICAS, LA SB 1070 DE ARIZONA

La gobernadora (Jan) Brewer cedió ante el radicalismo marginal al convertir en ley la propuesta SB1070 y envía a Arizona a una espiral de miedo generalizado, detrimento de la confianza de la comunidad en las autoridades, aumentos delictivos y juicios costosos, con repercusiones nacionales", dijo en un comunicado Thomás Sáenz, presidente del Fondo Mexicoamericano para la Defensa Legal y Educación (MALDEF, por sus siglas en inglés). "Este acto cobarde de parte de la gobernadora es el arquetipo de liderazgo irresponsable".

Brewer, quien enfrenta una reñida contienda electoral y trata de mitigar el descontento por la inmigración ilegal en el estado, promulgó la ley pese a críticas del presidente Barack Obama, quien la calificó de "irresponsable" y "mal encaminada".

Arizona tiene unos 460.000 inmigrantes ilegales y es el cruce fronterizo más activo de la nación. El patrocinador del proyecto, el senador republicano Russell Pearce, dijo que liberaría a los policías de las trabas políticas y ayudaría a echar del estado a los indocumentados.

Las relaciones entre México y Estados Unidos, Sonora y Arizona, ambos Nogales, se ven, afectadas, desde el 23 de abril, en que la gobernadora Jan brewer aprobó la mencionada ley, repercutiendo en las relaciones comerciales, laborales, de turismo e incluso de armónica convivencia entre ciudadanos de los dos países, sin que se vislumbre en el futuro un diálogo político bilateral que restaure la vecindad.

La esperanza de que un Presidente norteamericano de color, como Barak Obama, sensibilizara la relación internacional, a esta altura de los tiempos, ya se desvanecieron, y hoy sólo queda el sabor amargo, entre mexicanos, especialmente los fronterizos, de que siempre, por gobiernos sin liderazgo real y humano, sigamos siendo el sucio y odiado traspatio traspatio del poderoso y beligerante Estados Unidos de Norteamerica.

MUJERES MIGRANTES: VÍCTIMAS INVISIBLES

Por Isela Valenzuela Salazar/REPORTAJE

Foto: Alfredo Domínguez Noriega

Con el título de “Víctimas invisibles, migrantes en movimiento en México”, apenas en abril pasado, Amnistía Internacional publicó un documento de investigación en el que califica el recorrido de ilegales por nuestro país como “uno de los más peligrosos del mundo”, poniendo el “dedo en la llaga” sobre la indiferencia de las autoridades mexicanas que hacen poco o nada por detener los abusos de bandas criminales de las que hacen víctimas a cientos de personas, principalmente del género femenino.

El informe es claro e impactante: Seis de cada 10 mujeres de todas las edades han sufrido abusos sexuales en su viaje por México hacia el país del norte buscando una vida mejor, viéndose obligadas incluso a inyectarse anticonceptivos para evitar embarazos; entre los delitos más graves y frecuentes están la violación, el secuestro y el homicidio.

Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos de México estima que unos 500 mil inmigrantes indocumentados atraviesan el territorio mexicano anualmente en su intento por llegar a Estados Unidos, de las cuales por lo menos la mitad son mujeres, en su mayoría de menos de 25 años y de éstas un gran porcentaje, menores de edad.

El documento de Amnistía Internacional reconoce que México es parte de instrumentos internacionales que promueven los derechos de los migrantes, y que ha emprendido una defensa de sus connacionales en Estados Unidos y ha tomado medidas para frenar los abusos, pero advierte que el respeto a esos derechos "sigue teniendo una baja prioridad para muchas autoridades".

Lo más alarmante es que según la propia investigación muchas de las vejaciones de todo tipo que sufren mujeres que han llevado en su país una vida de calvarios con poca o nula educación, preparación, oportunidades y vida digna, se presentan a manos de elementos de las propias corporaciones policíacas de diferente nivel.

Si bien es cierto que el país en general ha mostrado solidaridad para con los connacionales que residen en el Estado de Arizona y que sufrirían graves estragos económicos, laborales y sociales al momento de implementarse la tan mencionada a nivel mundial y ya aprobada Ley SB1070; si bien es cierto que miles de mexicanos en nuestro país y el vecino, han alzado su voz para manifestar de diversas formas su desacuerdo con dicha norma que por sí sola lleva implícito el desprecio, la discriminación y el maltrato que por siglos han mostrado estadounidenses radicales que ven al latino como ser inferior, sería un excelente momento para voltear a ver el problema que se vive en territorio mexicano con nuestra propia gente.

Cientos de historias de niñas y mujeres golpeadas en lo emocional y lo físico, soportando inclemencias del tiempo, hambres, abusos y las vejaciones más innombrables durante su trayecto desde el sur de México pasando por varios estados y a veces sin alcanzar su destino antes que la muerte, han quedado en el olvido de ciudadanos que poco a poco han ido perdido la capacidad de asombro y con ella la sensibilidad y solidaridad que debe cada ser a su prójimo, ya no pretendiendo evitar el daño causado sino previniendo en una lucha común que situaciones tan graves se repitan una y otra vez.

Las autoridades por su parte, han dejado traspapeladas tantas historias de abusos restándole importancia, ya sea por la inseguridad rebasada, el menosprecio al sector femenino que intenta emigrar y que proviene del más humilde origen o simplemente por el conocimiento de que muchas de las bandas que causan dichos abusos están infiltrados dentro de altos mandos.

Indiscutible resulta la observación del investigador principal del Informe señalado arriba, Rupert Knox, al indicar que "México tiene la responsabilidad de prevenir, castigar y remediar estos abusos, sin importar si son cometidos por bandas criminales o por autoridades", lo cual solo podrá lograrse implementando medidas prácticas y exhaustivas que pongan fin a los abusos y garanticen a los indocumentados el derecho de denunciar violaciones a sus derechos sin el temor de ser deportados.

RACISMO O XENOFOBIA

Por Julieta R. Molina/REPORTAJE

Foto: Eliseo Gaxiola

El racismo es una forma de discriminación a las personas recurriendo a motivos raciales, tono de piel, u otras características físicas de las personas, de tal modo que unas se consideran superiores a otras. El racismo tiene como fin intencional o como resultado, la disminución o anulación de los derechos humanos de las personas discriminadas. Apareció en Europa en el siglo XIX con el fin de justificar la supremacía de una supuesta "raza blanca" sobre el resto de la Humanidad.

El racismo suele estar estrechamente relacionado y ser confundido con la xenofobia, es decir el "odio, repugnancia u hostilidad hacia los extranjeros"

Sin embargo existen algunas diferencias entre ambos conceptos, ya que el racismo es una ideología de superioridad, mientras que la xenofobia es un sentimiento de rechazo; por otra parte la xenofobia está dirigida sólo contra los extranjeros, a diferencia del racismo.

Lo cierto es que en la franja fronteriza de nuestro País con Estados Unidos, se puede vivir a diario este sentimiento xenofóbico y no solamente de los Norteamericanos, sino de nuestros connacionales que han tenido la “fortuna” de lograr su residencia legal en “el País de los sueños”; “Sueño Americano” que se ha vuelto una pesadilla, sobre todo en los últimos años, en que se ha recrudecido la cacería de Ilegales, sobretodo, con los latinos.

Recordemos la actitud del Sheriff de el Condado de Maricopa, en Arizona Joe Arpaio, quien se extralimita en sus redadas de trabajadores indocumentados, dando trato de delincuentes a quienes solo están luchando por una vida mejor; aún antes de existir la tan renombrada ley SB 1070. Existe además el grupo creado años atrás, por un grupo de rancheros Arizonenses llamado “minute man “, que contraviniendo cualquier ley, cazan a los ilegales a mano armada.

Aún cuando existen leyes y tratados para evitar la discriminación como la creada por la Organización de Naciones Unidas para combatir el racismo, en 1965; (la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial y estableció el día 21 de Marzo como Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.

La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial es uno de los principales tratados internacionales en materia de derechos humanos. Fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de Diciembre de 1965, y entró en vigor el 4 de 1969.

En Estados Unidos, nuestro vecino, con quien nos unen lazos de amistad y familiares, la xenofobia se ha incrementado a partir de la firma de la Ley SB 1070, impulsada por la Gobernadora Jan Brewer, aunque siempre ha existido, ahora se inclina la balanza a favor de quienes están en contra de una reforma migratoria y que aborrecen todo lo que implique a Latinos, sobre todo si son indocumentados.

LA PAJA EN EL OJO AJENO: MIGRANTES EN LA PUPILA

Por Eliseo Gaxiola Aldama.

Foto: Rodrigo Cruz Pérez

Los días finales del mes de abril dos hechos marcaron pautas sobre el fenómeno de la migración en México: la promulgación en Arizona de la Ley SB1070 que criminaliza el fenómeno migratorio y la presentación del informe de Amnistía Internacional “Víctimas invisibles. Migrantes en movimiento a través de México” donde AI plantea 20 recomendaciones a las autoridades mexicanas.

De entre las recomendaciones destaca: “Deben reformarse el artículo 67 de la Ley General de Población (LGP) y el artículo 201 de su Reglamento (RLGP) para garantizar que los migrantes irregulares, ya estén bajo custodia o no, puedan informar y/o denunciar legalmente los abusos sufridos o presenciados, sin temor a la expulsión inmediata o la repatriación”.

La organización internacional denunció los secuestros, amenazas y agresiones; la violencia contra mujeres migrantes y las desapariciones y muertes que padecen los migrantes centroamericanos durante su viaje por México y la fuerza excesiva y las extorsiones, como parte de los abusos del Instituto Nacional de Migración durante los controles de migración.

El informe levantó ámpula en los círculos de gobierno y obligó a la Secretaría de Gobernación a emitir un comunicado en cual acepta que “El informe elaborado por Amnistía Internacional constituye una valiosa aportación”, también anunció que “el Poder Legislativo está trabajando en la derogación del artículo 67 de la Ley General de Población” pero esquivó la denuncias de extorsión y el uso de fuerza excesiva en los puntos de control migratorio.

Así en su comunicado la Secretaría de Gobernación responsabilizó de la evolución del problema “al perfeccionamiento de la operación de la delincuencia”, dejando de lado los señalamientos que algunos policías se han vinculado con el crimen organizado para "secuestrar, golpear, violar, prostituir, extorsionar y asesinar impunemente a inmigrantes" que pasan por México.

Por su parte la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados anunció recientemente que el legislativo pretende actualizar la Ley General de Población para dar certeza jurídica a los migrantes que se encuentran en territorio nacional.

La inusual atención del gobierno mexicano hacia el informe de Amnistía Internacional no era para menos. Los datos duros del reporte son atroces:

9.758 secuestros de inmigrantes en 2009 (67.7 por día)

Seis de cada 10 mujeres y niñas migrantes sufren violencia sexual durante el viaje, de acuerdo con cálculos de organizaciones de derechos humanos y expertos académicos.

Entre septiembre de 2008 y marzo de 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) entrevistó a 238 víctimas y testigos de 198 incidentes de secuestro de migrantes:

9.758 migrantes fueron secuestrados durante ese periodo de seis meses, incluidos al menos 57 menores.

Casi la mitad de los migrantes dijeron que funcionarios públicos fueron directamente responsables de su secuestro

La mitad de las víctimas observaron connivencia de la policía con los secuestradores durante su cautiverio.

3.924 incidentes distintos de abusos salieron a la luz gracias a 828 entrevistas realizadas con personas migrantes que llegaron al albergue Posada del Migrante en Saltillo, estado de Coahuila, entre mayo de 2007 y febrero de 2008. Estos incidentes incluían 1.266 actos de intimidación (amenazas, insultos, disparos al aire); 475 agresiones físicas (golpes y pedradas); 42 casos de agresión o violencia sexual.

La gran mayoría de estos abusos nunca se investigan con seriedad, y los responsables rara vez rinden cuentas de sus actos, lo que fomenta un clima de impunidad, remarca el Informe Víctimas Invisibles: Migrantes en Movimiento en México.

Este clima impunidad ha propiciado la proliferación de bandas organizadas de traficantes de personas conocidas como polleros o coyotes, que abusan de la necesidad de los migrantes en su tránsito hacia Estados Unidos, sin importar los métodos o las condiciones infrahumanas en las que trasladan a los migrantes, puesto que mucha veces son expuestos desde su seguridad personal hasta la pérdida de la vida misma. El tráfico de personas se ha convertido en el segundo negocio ilegal más lucrativo en México.

Los migrantes no sólo enfrentan los abusos de los traficantes, sino también los de diversas autoridades nacionales de prácticamente todos los niveles de gobierno

II

Académicos, consultores legales y organizaciones internacionales como Sin Fronteras coinciden en señalar que es necesario y urgente modificar la Ley General de Población, porque criminaliza al migrante que se introduce sin documentos al país. Dicho ordenamiento data de 1974, y "hoy no cumple con los estándares internacionales de protección a los derechos humanos de los migrantes".

Fabienne Venet, de Sin Fronteras, va más lejos en sus observaciones y recomienda que “debe verse que el Instituto Nacional de Migración no sea la instancia que lleve la política migratoria integral” ya que se “ha reconocido la existencia de un desfase entre la normatividad vigente en México en la materia y el contexto actual en que se desarrolla dicho fenómeno en el país”.

"La principal debilidad de México en la materia es precisamente su marco normativo, caracterizado por su espíritu inquisitorio y que adolece de una crónica imprecisión que ha dado cabida al exceso en el uso de la facultad discrecional de las autoridades, en detrimento de la seguridad jurídica de los migrantes", subrayó Venet durante su participación en el foro “Cambiando perspectivas, de la gestión de flujos a la construcción de políticas de migración con enfoque de desarrollo”.

Por su parte, Adrián Ojeda puntualizó que "México demanda a Estados Unidos trato digno y respeto para los mexicanos que se encuentran en su territorio de manera ilegal, pero no aplica esa política a los centroamericanos y los que ingresan al país de manera ilegal, pero que tienen como destino Estados Unidos. Se les criminaliza, se les encierra en cárceles, se les roba, extorsiona y se les expulsa".

José Jacques y Medina, consultor legal y exdiputado federal por la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, sostiene la necesidad y la congruencia de que las leyes y programas nacionales en materia migratoria sean armonizados con los instrumentos internacionales de los que México forma parte.

“Nuestro país debe comprometerse de manera responsable con dichos compromisos internacionales que han sido impulsados y ratificados como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, entre otros”, dice en entrevista telefónica.

Para “armonizar” la Ley General de Población con el contexto internacional Jacques y Medina establece que es necesario derogar los artículos 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 y 127.

“Al derogar estos artículos seremos congruentes no sólo con los convenios internacionales que se han firmado sino también con nuestra posición respecto de nuestros connacionales en Estados Unidos”, sostiene.

III

El contraflujo migratorio que provocará la puesta en vigor de la Ley SB1070, así como el flujo “natural” sur-norte de la migración centroamericana de la cuál Nogales es una de las dos rutas principales que utilizan los trabajadores migrantes centroamericanos ya que tras la puesta en marcha de la Operación Guardián en la frontera de California en 1994, los flujos migratorios se dirigieron hacia el estado de Arizona, convirtiéndose en la principal zona de acceso de las corrientes migratorias indocumentadas procedentes del sur, impactaran, si no es que ya están impactando a esta frontera.

Si bien en la práctica son los gobiernos municipales los que enfrentan los costos sociales y son las que están respondiendo y haciendo lo que pueden para tratar de enfrentar un gravísimo problema que el gobierno federal no ha querido corregir en lo que respecta sobre los abusos a los que se enfrentan cada año las decenas de miles de hombres, mujeres, niños y niñas que, sin permiso legal, tratan de cruzar el país para llegar hasta la frontera con Estados Unidos, los programas sociales, la recuperación del tejido social se ve entorpecido por las omisiones del gobierno federal.

Y es que aparte de la indolencia del gobierno federal para adecuarse al marco legal internacional migratorio, las omisiones de la reglamentación interna trae consigo el solapamiento de actividades delictivas de funcionarios y están provocando que la zona de guerra a la que ha convertido a la migración se instaure y organice en Nogales.