MUJERES MIGRANTES: VÍCTIMAS INVISIBLES

Por Isela Valenzuela Salazar/REPORTAJE

Foto: Alfredo Domínguez Noriega

Con el título de “Víctimas invisibles, migrantes en movimiento en México”, apenas en abril pasado, Amnistía Internacional publicó un documento de investigación en el que califica el recorrido de ilegales por nuestro país como “uno de los más peligrosos del mundo”, poniendo el “dedo en la llaga” sobre la indiferencia de las autoridades mexicanas que hacen poco o nada por detener los abusos de bandas criminales de las que hacen víctimas a cientos de personas, principalmente del género femenino.

El informe es claro e impactante: Seis de cada 10 mujeres de todas las edades han sufrido abusos sexuales en su viaje por México hacia el país del norte buscando una vida mejor, viéndose obligadas incluso a inyectarse anticonceptivos para evitar embarazos; entre los delitos más graves y frecuentes están la violación, el secuestro y el homicidio.

Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos de México estima que unos 500 mil inmigrantes indocumentados atraviesan el territorio mexicano anualmente en su intento por llegar a Estados Unidos, de las cuales por lo menos la mitad son mujeres, en su mayoría de menos de 25 años y de éstas un gran porcentaje, menores de edad.

El documento de Amnistía Internacional reconoce que México es parte de instrumentos internacionales que promueven los derechos de los migrantes, y que ha emprendido una defensa de sus connacionales en Estados Unidos y ha tomado medidas para frenar los abusos, pero advierte que el respeto a esos derechos "sigue teniendo una baja prioridad para muchas autoridades".

Lo más alarmante es que según la propia investigación muchas de las vejaciones de todo tipo que sufren mujeres que han llevado en su país una vida de calvarios con poca o nula educación, preparación, oportunidades y vida digna, se presentan a manos de elementos de las propias corporaciones policíacas de diferente nivel.

Si bien es cierto que el país en general ha mostrado solidaridad para con los connacionales que residen en el Estado de Arizona y que sufrirían graves estragos económicos, laborales y sociales al momento de implementarse la tan mencionada a nivel mundial y ya aprobada Ley SB1070; si bien es cierto que miles de mexicanos en nuestro país y el vecino, han alzado su voz para manifestar de diversas formas su desacuerdo con dicha norma que por sí sola lleva implícito el desprecio, la discriminación y el maltrato que por siglos han mostrado estadounidenses radicales que ven al latino como ser inferior, sería un excelente momento para voltear a ver el problema que se vive en territorio mexicano con nuestra propia gente.

Cientos de historias de niñas y mujeres golpeadas en lo emocional y lo físico, soportando inclemencias del tiempo, hambres, abusos y las vejaciones más innombrables durante su trayecto desde el sur de México pasando por varios estados y a veces sin alcanzar su destino antes que la muerte, han quedado en el olvido de ciudadanos que poco a poco han ido perdido la capacidad de asombro y con ella la sensibilidad y solidaridad que debe cada ser a su prójimo, ya no pretendiendo evitar el daño causado sino previniendo en una lucha común que situaciones tan graves se repitan una y otra vez.

Las autoridades por su parte, han dejado traspapeladas tantas historias de abusos restándole importancia, ya sea por la inseguridad rebasada, el menosprecio al sector femenino que intenta emigrar y que proviene del más humilde origen o simplemente por el conocimiento de que muchas de las bandas que causan dichos abusos están infiltrados dentro de altos mandos.

Indiscutible resulta la observación del investigador principal del Informe señalado arriba, Rupert Knox, al indicar que "México tiene la responsabilidad de prevenir, castigar y remediar estos abusos, sin importar si son cometidos por bandas criminales o por autoridades", lo cual solo podrá lograrse implementando medidas prácticas y exhaustivas que pongan fin a los abusos y garanticen a los indocumentados el derecho de denunciar violaciones a sus derechos sin el temor de ser deportados.