LA PAJA EN EL OJO AJENO: MIGRANTES EN LA PUPILA

Por Eliseo Gaxiola Aldama.

Foto: Rodrigo Cruz Pérez

Los días finales del mes de abril dos hechos marcaron pautas sobre el fenómeno de la migración en México: la promulgación en Arizona de la Ley SB1070 que criminaliza el fenómeno migratorio y la presentación del informe de Amnistía Internacional “Víctimas invisibles. Migrantes en movimiento a través de México” donde AI plantea 20 recomendaciones a las autoridades mexicanas.

De entre las recomendaciones destaca: “Deben reformarse el artículo 67 de la Ley General de Población (LGP) y el artículo 201 de su Reglamento (RLGP) para garantizar que los migrantes irregulares, ya estén bajo custodia o no, puedan informar y/o denunciar legalmente los abusos sufridos o presenciados, sin temor a la expulsión inmediata o la repatriación”.

La organización internacional denunció los secuestros, amenazas y agresiones; la violencia contra mujeres migrantes y las desapariciones y muertes que padecen los migrantes centroamericanos durante su viaje por México y la fuerza excesiva y las extorsiones, como parte de los abusos del Instituto Nacional de Migración durante los controles de migración.

El informe levantó ámpula en los círculos de gobierno y obligó a la Secretaría de Gobernación a emitir un comunicado en cual acepta que “El informe elaborado por Amnistía Internacional constituye una valiosa aportación”, también anunció que “el Poder Legislativo está trabajando en la derogación del artículo 67 de la Ley General de Población” pero esquivó la denuncias de extorsión y el uso de fuerza excesiva en los puntos de control migratorio.

Así en su comunicado la Secretaría de Gobernación responsabilizó de la evolución del problema “al perfeccionamiento de la operación de la delincuencia”, dejando de lado los señalamientos que algunos policías se han vinculado con el crimen organizado para "secuestrar, golpear, violar, prostituir, extorsionar y asesinar impunemente a inmigrantes" que pasan por México.

Por su parte la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados anunció recientemente que el legislativo pretende actualizar la Ley General de Población para dar certeza jurídica a los migrantes que se encuentran en territorio nacional.

La inusual atención del gobierno mexicano hacia el informe de Amnistía Internacional no era para menos. Los datos duros del reporte son atroces:

9.758 secuestros de inmigrantes en 2009 (67.7 por día)

Seis de cada 10 mujeres y niñas migrantes sufren violencia sexual durante el viaje, de acuerdo con cálculos de organizaciones de derechos humanos y expertos académicos.

Entre septiembre de 2008 y marzo de 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) entrevistó a 238 víctimas y testigos de 198 incidentes de secuestro de migrantes:

9.758 migrantes fueron secuestrados durante ese periodo de seis meses, incluidos al menos 57 menores.

Casi la mitad de los migrantes dijeron que funcionarios públicos fueron directamente responsables de su secuestro

La mitad de las víctimas observaron connivencia de la policía con los secuestradores durante su cautiverio.

3.924 incidentes distintos de abusos salieron a la luz gracias a 828 entrevistas realizadas con personas migrantes que llegaron al albergue Posada del Migrante en Saltillo, estado de Coahuila, entre mayo de 2007 y febrero de 2008. Estos incidentes incluían 1.266 actos de intimidación (amenazas, insultos, disparos al aire); 475 agresiones físicas (golpes y pedradas); 42 casos de agresión o violencia sexual.

La gran mayoría de estos abusos nunca se investigan con seriedad, y los responsables rara vez rinden cuentas de sus actos, lo que fomenta un clima de impunidad, remarca el Informe Víctimas Invisibles: Migrantes en Movimiento en México.

Este clima impunidad ha propiciado la proliferación de bandas organizadas de traficantes de personas conocidas como polleros o coyotes, que abusan de la necesidad de los migrantes en su tránsito hacia Estados Unidos, sin importar los métodos o las condiciones infrahumanas en las que trasladan a los migrantes, puesto que mucha veces son expuestos desde su seguridad personal hasta la pérdida de la vida misma. El tráfico de personas se ha convertido en el segundo negocio ilegal más lucrativo en México.

Los migrantes no sólo enfrentan los abusos de los traficantes, sino también los de diversas autoridades nacionales de prácticamente todos los niveles de gobierno

II

Académicos, consultores legales y organizaciones internacionales como Sin Fronteras coinciden en señalar que es necesario y urgente modificar la Ley General de Población, porque criminaliza al migrante que se introduce sin documentos al país. Dicho ordenamiento data de 1974, y "hoy no cumple con los estándares internacionales de protección a los derechos humanos de los migrantes".

Fabienne Venet, de Sin Fronteras, va más lejos en sus observaciones y recomienda que “debe verse que el Instituto Nacional de Migración no sea la instancia que lleve la política migratoria integral” ya que se “ha reconocido la existencia de un desfase entre la normatividad vigente en México en la materia y el contexto actual en que se desarrolla dicho fenómeno en el país”.

"La principal debilidad de México en la materia es precisamente su marco normativo, caracterizado por su espíritu inquisitorio y que adolece de una crónica imprecisión que ha dado cabida al exceso en el uso de la facultad discrecional de las autoridades, en detrimento de la seguridad jurídica de los migrantes", subrayó Venet durante su participación en el foro “Cambiando perspectivas, de la gestión de flujos a la construcción de políticas de migración con enfoque de desarrollo”.

Por su parte, Adrián Ojeda puntualizó que "México demanda a Estados Unidos trato digno y respeto para los mexicanos que se encuentran en su territorio de manera ilegal, pero no aplica esa política a los centroamericanos y los que ingresan al país de manera ilegal, pero que tienen como destino Estados Unidos. Se les criminaliza, se les encierra en cárceles, se les roba, extorsiona y se les expulsa".

José Jacques y Medina, consultor legal y exdiputado federal por la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, sostiene la necesidad y la congruencia de que las leyes y programas nacionales en materia migratoria sean armonizados con los instrumentos internacionales de los que México forma parte.

“Nuestro país debe comprometerse de manera responsable con dichos compromisos internacionales que han sido impulsados y ratificados como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, entre otros”, dice en entrevista telefónica.

Para “armonizar” la Ley General de Población con el contexto internacional Jacques y Medina establece que es necesario derogar los artículos 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 y 127.

“Al derogar estos artículos seremos congruentes no sólo con los convenios internacionales que se han firmado sino también con nuestra posición respecto de nuestros connacionales en Estados Unidos”, sostiene.

III

El contraflujo migratorio que provocará la puesta en vigor de la Ley SB1070, así como el flujo “natural” sur-norte de la migración centroamericana de la cuál Nogales es una de las dos rutas principales que utilizan los trabajadores migrantes centroamericanos ya que tras la puesta en marcha de la Operación Guardián en la frontera de California en 1994, los flujos migratorios se dirigieron hacia el estado de Arizona, convirtiéndose en la principal zona de acceso de las corrientes migratorias indocumentadas procedentes del sur, impactaran, si no es que ya están impactando a esta frontera.

Si bien en la práctica son los gobiernos municipales los que enfrentan los costos sociales y son las que están respondiendo y haciendo lo que pueden para tratar de enfrentar un gravísimo problema que el gobierno federal no ha querido corregir en lo que respecta sobre los abusos a los que se enfrentan cada año las decenas de miles de hombres, mujeres, niños y niñas que, sin permiso legal, tratan de cruzar el país para llegar hasta la frontera con Estados Unidos, los programas sociales, la recuperación del tejido social se ve entorpecido por las omisiones del gobierno federal.

Y es que aparte de la indolencia del gobierno federal para adecuarse al marco legal internacional migratorio, las omisiones de la reglamentación interna trae consigo el solapamiento de actividades delictivas de funcionarios y están provocando que la zona de guerra a la que ha convertido a la migración se instaure y organice en Nogales.